El 11 de noviembre comenzó en Azerbaiyán la Cumbre mundial sobre el Clima (COP 29) donde el NCQG (New Collective Quantified Goal on Climate Finance, en inglés) o el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiamiento Climático, será fundamental. Este tema ha sido objeto de tensas discusiones, puesto que los países del sur reclaman ayuda económica a las naciones más ricas, quienes según ellos son fuente de la mayor contaminación ambiental.
Como parte del G77 y colaborador en la elaboración de este documento, Cuba también participa en esta conferencia, aunque en condición de “país con responsabilidad diferenciada” (CBDR, por sus siglas en inglés, Common But Differentiated Responsibilities). Este principio, basado en la “disparidad de la contribución al problema del cambio climático entre países desarrollados y países en desarrollo”, ofrece a la Isla ciertas concesiones en cuanto a la responsabilidad y obligaciones en las negociaciones para los desafíos del cambio climático. En esta línea, países como Estados Unidos con una mayor emisión de gases contaminantes, debería aportar más a los fondos que beneficiarían al régimen cubano.
El Nuevo compromiso global de financiamiento climático que se discutirá en Bakú, obligará a los países signatarios “aumentar las contribuciones de los países desarrollados para alcanzar 0,89 billones de dólares a partir de 2025 y 1,46 billones de dólares para 2030, muy por encima de los actuales 100.000 millones de dólares”.
“Los países en desarrollo necesitarán 1,1 billones de dólares para el clima a partir de 2025, alcanzando 1,8 billones para 2030. En un escenario óptimo, las economías avanzadas cubrirían las tres cuartas partes de este financiamiento, es decir, aproximadamente el 1,4 % de su PIB a partir de 2025”.
Apoyándose en uno de tantos planes fallidos como lo es Tarea de Vida de 2017, el Estado cubano pretende una vez más conseguir inversiones para las afectaciones en zonas vulnerables, garantizar la seguridad alimentaria y acelerar la transición energética.
En momentos críticos donde las autoridades en Cuba no cuentan con la capacidad para abastecer de energía eléctrica al país, casi totalmente dependiente de los combustibles fósiles, los objetivos de lograr un 37% de electricidad a partir de fuentes renovables para el 2030 no son factibles. Aún menos creíbles son los resultados que aspiran alcanzar a través del programa “Programa para la transición ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba”, financiado por la Unión Europea y el PNUD o la instalación de paneles solares.
La deficiente respuesta de los organismos gubernamentales ante desastres naturales como el huracán Rafael y los sismos en la provincia Santiago de Cuba, hablan por sí solos. Mientras el dinero se ponga en manos de gobernantes sin escrúpulos, no habrá una transición justa para los cubanos. Los fondos para la protección ambiental deben favorecer y proteger a los ciudadanos, no a quienes rigen la nación violando los derechos humanos y ambientales del pueblo.
Descarga aquí debajo el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de financiación climática
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